domingo, 29 de septiembre de 2013

El nuevo puerto versus la naturaleza y la cultura locales

La obra de ampliación del puerto La Plata, en la costa de la provincia de Buenos Aires, Argentina, está modificando drásticamente las condiciones de vida de los habitantes de la isla Paulino, en Berisso. Organizados en asambleas, tanto isleños como ribereños dan varias batallas a la vez: a la obra que está cambiando el medio ambiente de la isla, a la falta de información y a la indiferencia de muchos de sus vecinos.

Foto: Facebook Marcos Marini
La terminal de contenedores cuya construcción puso en marcha el gobierno provincial se anuncia como un símbolo de progreso: no lo es tanto para el medio ambiente y los habitantes de la isla Paulino, que exigen que este avance sea, al menos, controlado desde lo ecológico.

Las obras comprenden más de 600 metros lineales de muelle, 250 mil metros cuadrados de playas para la operación con contenedores, caminos internos y de acceso a la terminal, más de 45 mil metros cuadrados de edificios, equipamiento, sistemas informáticos, y la ampliación y profundización del canal de acceso al Puerto La Plata de 28 a 34 pies, para que puedan ingresar buques de gran calado. Además, implica el corte de las cabeceras de las islas Paulino y Santiago. Estas obras son avaladas por el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, entidad compuesta por nueve miembros que representan al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los Municipios de Ensenada, Berisso y La Plata, y a los sectores empresariales y sindicales.

La empresa TecPlata S.A tiene a su cargo los trabajos. Está conformada por la argentina Loginter, de Ricardo Román, y la filipina International Container Terminal Services Inc. (Ictsi), que posee el 75% de las acciones. En 2008, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, le entregó la concesión por decreto para la construcción de la terminal de contenedores, por un período de treinta años, con la posibilidad de extender este plazo otros treinta años. Esta obra ya está finalizada, y se ubica en la cabecera del Río Santiago, del lado de Berisso. Esperan inaugurarla antes de octubre de este año, según declaraciones recientes de Scioli, y demostrar de esta manera previo a las elecciones la conclusión de una obra que disputa un negocio millonario a la ciudad de Buenos Aires.

El dragado deposita metales pesados e hidrocarburos en la supeficie.
Entidades ambientalistas y profesionales en ecología y medio ambiente denuncian que las obras de dragado generan un “barro” que es arrojado en la zona de la isla Paulino y que contiene metales pesados e hidrocarburos. Afirman también que el desmonte abarca varias hectáreas; según distintas fuentes, rondarían entre las cincuenta y las cien. La zona donde se arroja el refulado tiene hoy más de cuatro metros de altura. Esto afecta el comportamiento del humedal, ya que son tierras que necesitan de la inundación para seguir vivas. Este bioma tiene además la característica de ser un sistema, en el que una parte afectada compromete al todo.

Isleños y defensores del medio ambiente señalan también el hecho grave que implica el incumplimiento por parte de la empresa, con el aval del gobierno provincial, de las leyes que declaran a la zona como paisaje protegido: desde las normas provinciales hasta convenciones internacionales para la protección de los humedales, fundamentales para el equilibrio ecológico.

Aunque no todos salgan a denunciarlo, los habitantes de la isla son los primeros damnificados por el daño medioambiental que genera la obra. En especial, los productores familiares, los viñateros, y los lugareños que realizan actividades turísticas como la explotación de parajes de descanso, paseos en canoa y la observación de aves.

Pero el daño podría ser más extenso. “El área afectada por la dispersión de sedimentos contaminados abarca la totalidad del Río Santiago, los canales interiores de las islas, el canal de acceso al Puerto; posiblemente migre por la boca del canal hacia el Río de La Plata, con una ‘pluma de contaminación’ que discurre por el borde costero de la Isla Paulino a lo largo de unos 5 a 7 km”, explica Marcelo Somenson, licenciado en Ecología y especialista en Evaluación Ambiental. Esto, indica el profesional, es lo que se observa en el terreno y a través de imágenes satelitales. “No puedo descartar una contaminación química más extensa”, agrega Somenson, y explica que la migración de aves y de peces intoxicados “puede ampliar esta área a decenas o centenas de kilómetros aguas arriba o abajo de las obras”.


La vida en la isla


La población actual de la isla Paulino se cuenta en decenas. Sin embargo, la importancia de las familias asentadas en el lugar va más allá de la simple ocupación del territorio. Son micro productores fuertemente adaptados a los ritmos y a las características del monte, el humedal y el río; son fabricantes de miel, de vino de la costa, de licores de frutas, de artesanías de mimbre y de junco; son pescadores artesanales; son cazadores; son productores de madera. Marcelo Somenson sostiene que estas actividades, “además de tener un valor económico para las familias involucradas, tienen un valor como patrimonio cultural local. Son recuerdo de décadas pasadas donde colonos italianos, entre otros, producían, en forma ambientalmente sustentable, una gran cantidad de productos que abastecían a una importante parte del mercado del Gran La Plata”.

El monte es una reserva de biodiversidad (foto 2009)
Marcos Marini es productor isleño y participa en la Asamblea Salvemos al Monte. “El tema de laburar en el monte es súper complicado. No es que uno lo hace porque se va a llenar de plata. Es más que nada por algo cultural, que uno tiene y que quiere, llamálo nostalgia, llamálo como sea”. Ninguno es millonario, ironiza Marini: “A veces gastás mucha plata en hacer nada. Estás contra la corriente. Yo para ir a trabajar a mi terreno tengo dos horas de ida y dos de vuelta. Más el viaje en lancha, más el esfuerzo de acarrear toda la maquinaria. Y llegar y ver que creció una ciruela, es eso: ves que creció una ciruela”. 

Los primeros habitantes de la isla fueron los obreros que participaron de la construcción del canal de acceso al Puerto de La Plata; luego se fueron instalando inmigrantes italianos, españoles y uruguayos que se dedicaron al cultivo de hortalizas, frutales y vides. En las décadas del ’40 y el ’50 vivían y trabajaban en la isla cientos de personas. En algún momento llegó a estar habitada por casi cien familias, que luego emigraron.

Hoy son quince familias estables. La escuela, que hasta hace poco era la única construcción de material de la isla, cerró sus puertas por falta de alumnos. No hay energía eléctrica, agua corriente ni gas natural; en el año  2001 se instalaron paneles solares que cambiaron en parte la vida de los isleños, permitiéndoles usar algunos electrodomésticos, como televisores o lavarropas. Las casas son de chapa y madera, y están construidas sobre pilotes que las alejan del suelo para resguardarlas de las crecidas. Un edificio construido recientemente alberga un destacamento policial y una enfermería que brinda servicios a los isleños y a los cientos de turistas que llegan cada verano al lugar, en busca de un descanso rodeado de naturaleza.


El impacto de las obras


“Tener una casa en el monte no significa tener una casa quinta en un country”, deja claro Maximiliano Lanusse. Es productor isleño, participa en la Asamblea Salvemos al Monte y lleva adelante, con su canoa y de forma independiente, el único proyecto de ecoturismo de Berisso. “Hay gente que recuperó esas tierras de un pantano, a machete, a guadaña y a mano. Y se sostienen con el esfuerzo, nada más. La mayoría de las casas que se hacen, los ranchos, los refugios, las quintitas, son recicladas, con chapas recicladas. La plata que se invierte es poca, pero la producción es mucha, porque se sabe aprovecharla”. 

Impacto de las obras y el desmonte en la isla Paulino.
Foto: Asamblea Salvemos el monte
Acerca de la forma en que se distribuyeron las tierras los primeros habitantes, dice Lanusse: “Los inmigrantes no necesitaban papeles; muy pocas tierras tienen papeles. Se manejaban de otra manera con la división del terreno: hacían el zanjilllo para riego y decían, de acá para acá es lo mío, de acá para allá es lo tuyo. Y no había problemas”.

La Ley Nacional de Expropiaciones, Nº 21.499, señala que una expropiación puede realizarse “a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto”. Sin embargo, establece una serie de requisitos y pasos que TecPlata no cumplió. En primer lugar, en el artículo 5º dice que debe declararse la utilidad pública del terreno, en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos. En segundo lugar, según marca el artículo 18º, el expropiante debe promover la acción judicial de expropiación, por juicio sumario. La sentencia de este juicio, además, “fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión”, como indica el artículo 20º. 

Nada de esto sucedió en la isla Paulino. “Acá lo que pasó fue que se levantaron un día los vecinos y tenían la máquina en el patio”, dice Lanusse. “Tenemos compañeros que son tercera, cuarta generación de montaraces. Y ellos ven cómo al trabajo de generaciones, de un día para el otro, le pasan por arriba sin ni siquiera pedirles permiso”.  Maximiliano señala además la importancia del monte como parte de la economía de sus pobladores. “Hay gente que vive, no exclusivamente del monte, pero para quienes representa una parte importante de sus ingresos. Necesitan complementar su sueldo con la forestación, con la venta de sauces”. En las obras del Puerto La Plata, “arrasaron zonas de forestación, que lleva seis, siete años producirlas, y ni siquiera les dieron a los productores la plata de lo que rompieron”.

La obra hace que los lugareños pierdan superficie productiva y el suelo quede contaminado.
Marcelo Somenson explica que las obras del Puerto La Plata impactan sobre la forma de vida en la isla Paulino, porque van a reducir la superficie destinada a producciones artesanales y otras actividades asociadas a la existencia del bosque ribereño y del humedal. Esto va a afectar a los productores familiares tradicionales. “Los afectará no sólo por la pérdida de superficie directa, sino también porque si los barros que se han vertido en la isla están contaminados, podría llegar a contaminarse el agua superficial de los canales utilizados para riego o las producciones de frutales, hortalizas o vides que pudieran generarse en el futuro sobre dichas áreas rellenadas”.

Un río salado

Las perforaciones hechas para colocar los postes de base del puerto de contenedores perforaron una napa de agua salada. TecPlata comenzó a volcarla en el canal, sobre el puerto, donde la destilería de YPF toma agua para refrigeración. Por eso la petrolera fue la primera en notarlo: los frecuentes análisis sobre el nivel de salinidad dieron muy altos y la empresa hizo la denuncia.

“Si era por nosotros, ni cuenta nos dábamos, y ellos menos nos lo iban a decir”, dice Marcos Marini, productor isleño y miembro de la Asamblea Salvemos al Monte. En boca de los asambleístas, “ellos” es un pronombre de referente amplio y difuso que además de designar a quienes llevan adelante el proyecto parece englobar a todos los que no son “nosotros”, los movilizados en defensa del monte. A la primera denuncia, le sucedió otra hecha por asambleístas, porque el derrame había sido trasladado al canal Pícollo (por donde se pasa con la lancha al salir de Berisso, ahora con el monte de un lado y la terminal de contenedores del otro). “Entonces ellos pusieron plata e hicieron un sistema de caños que cruza toda la isla, pasa por mi tranquera y vuelca el agua en mi terreno”, dice Marini.

Marcelo Martínez es el presidente de la ONG Nuevo Ambiente, asociación civil que también se moviliza en defensa del monte ribereño. Asegura que la cantidad de agua salada que se vuelca en uno de los canales del río Santiago ronda el millón de litros diarios. “Los perjuicios ya se están haciendo sentir con respecto a varias producciones locales, como frutas, verduras, flores, y en el muy corto plazo, seguramente se profundizarán”, afirma.

Los cultivos de Marini forman parte de ese daño. “Yo estaba plantando ciruelas, ¿y qué me voy a poner a plantar ahora?”, dice. “Cuando hay inundaciones, si vienen por la crecida del mar, entra cierta salinidad que te seca un poco las plantas. Pero si a eso le sumás un caño de agua salada que lo tenés ahí nomás, más la máquina que te rompe del otro lado, te deja con pocas ganas de trabajar”.


La isla, territorio protegido


Leyes internacionales, nacionales y provinciales prohiben la alteración de las islas Paulino y Santiago.
Las islas Paulino y Santiago tienen un doble estándar de protección: son humedales y bosques, paisajes protegidos por la legislación internacional, nacional y provincial, que impide alterarlos en modo alguno. En la provincia de Buenos Aires, la Ley 12704/01 establece las condiciones para las áreas que sean declaradas "paisaje protegido de interés provincial", con la finalidad de protegerlas y conservarlas. La zona denominada "Monte Ribereño Isla Paulino, Isla Santiago" obtuvo esa declaración a través de la Ley 12756 que la designa como "Paisaje Protegido de Interés Provincial" para el desarrollo ecoturístico.
   
La norma incluye la protección sobre la zona formada, en el partido de Berisso, por una franja que incluye a la isla Paulino, “delimitando al norte-noroeste por el Río de la Plata, al oeste el Canal de Acceso al Puerto La Plata hasta el Río Santiago, por éste hasta el canal del saladero y por éste hasta el ejido urbano de Berisso entre el canal de Saladero y el camino de acceso al Balneario Bagliardi, al Este por el camino de acceso al Balneario Bagliardi entre la avenida Montevideo y el Río de la Plata”. En su artículo 2, la ley sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia señala como objetivo “conservar y preservar la integridad del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico de dicha zona”.
   
La ley indica en su artículo 6 que “cuando la realización de una obra pública o privada pudiera comprometer o alterar las condiciones expuestas en los artículos 2 y 3, la autorización definitiva para su realización otorgada por las autoridades municipales deberá contar con la previa evaluación de impacto ambiental”.

El estudio de impacto ambiental del OPDS

La evaluación, según el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (dependiente del gobierno provincial), se hizo. Pero tanto las ONG como los especialistas la rechazan por incompleto. “El estudio de impacto ambiental del proyecto de dragado fue realizado por una consultora privada y por un único profesional, en este caso con un perfil de ingeniero mecánico especializado en higiene y seguridad ambiental”, dice Marcelo Somenson, biólogo especialista en evaluación ambiental de grandes obras de infraestructura, quien remarca que el estudio “debería haber sido realizado junto a especialistas que cubrieran las principales áreas de conocimiento involucradas en el análisis de impactos”.
El estudio de impacto ambiental ignora investigaciones previas que dan resultados opuestos.
Además, el profesional destaca que el estudio de impacto no cita ninguna fuente bibliográfica, desconociendo por ejemplo los estudios de toxicidad de los sedimentos del Río Santiago realizados y publicados por la UNLP hace algunos años.

Somenson señala también que en el documento emitido por el OPDS se sostiene que los barros volcados sobre el terreno “no están contaminados, pero toman solamente los resultados de un muestreo realizado en una única fecha, omitiendo los resultados de los ensayos realizados por el Puerto durante 8 años consecutivos”. Por último, el profesional afirma que el estudio de impacto desconoció la existencia de estudios científicos realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la UNLP, en los cuales se demuestra la presencia de sedimentos cancerígenos para el hombre, provenientes del Arroyo El Gato y su desembocadura en el Río Santiago.

Otras protecciones legales

En la provincia rige además una Ley de Protección Integral del Medio Ambiente, la 11.723, que entre otros derechos garantiza a sus ciudadanos el de “gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona”, y establece el deber de “abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del ambiente de la provincia de Buenos Aires”. La Constitución Provincial, por su parte, instituye en su Artículo 28 que “los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.” En lo local, Berisso tiene su ordenanza municipal sobre el uso del suelo, que tambien es violada con esta obra.

A nivel  internacional, Argentina es uno de los 168 estados miembros de la Convención de Ramsar (firmada en esa ciudad de Irán en febrero de 1971), que establece la protección de los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Es el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, y los países miembros de la Convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta.


Salvemos al Monte


Maximiliano Lanusse es miembro de la Asamblea Salvemos el Monte. Cree que los vecinos están más informados hoy de lo que sucede, pero que no hay interés. “La gente vive su vida, va a trabajar, vuelve, come. Se duerme, y ya. No toman conciencia de la magnitud de la problemática”.  Marcos Marini dice que en la isla es difícil generar organización. “Acá todos tiran para su lado; ante un problema como éste, algunos te van a decir, 'a mí me facilita que me rellenen acá'”. Los que “mueven” la asamblea, junto a otros vecinos de Berisso conscientes de la problemática ambiental, son aquellos isleños que tienen “la máquina metida en la casa”.

La asamblea empezó con un par de vecinos que se contactaron con un abogado. Y fue creciendo. “A veces va mucha gente, a veces van pocos”, dice Marini. Pero se van creando redes, y la información que comenzó a circular va generando también más conciencia. Nuevos grupos reaccionan con otras herramientas a los cambios que se quieren imponer al medio ambiente de la zona. “Está disperso”, cuenta Marini, “y vos ves por ahí que la gente hace murales que dicen ‘Salvemos al monte’, y no sabés ni quiénes son”.
   
La construcción de un terraplén que en principio había sido pedido por los vecinos (y del que no se respetó el trazado del proyecto original) fue la primera alerta para algunos berissenses de cómo se harían las cosas de allí en adelante: sin consulta y sin aviso. Un día algunos se encontraron con las máquinas en sus terrenos, de los que, en ciertos casos, no tenían ni siquiera papeles. Hoy los productores no tienen certezas sobre cómo será el futuro a partir de las obras del puerto, porque sólo parte de las tierras en las que se levanta el proyecto son fiscales: algunas tienen dueño y otras están directamente a cargo del puerto. “O sea: yo quiero tener mi parcela en la isla; tengo que ir al puerto y pagar un canon mensual, como un alquiler”, dice Lanusse, y augura: “El día de mañana, si ellos necesitan la tierra, te rajan”.
   
Así se presentan en su blog Salvemos el monte de Berisso: “En Febrero de 2012, los vecinos autoconvocados, deciden constituirse en Asamblea, sesionando abiertamente los viernes a las 18:00 hs. en Avenida Montevideo y 8 (Bar Bohemia)”. Entre quienes participan hay productores de la isla, productores ribereños, vecinos, estudiantes.

Entre las actividades que llevan adelante, están las jornadas de trabajo los domingos en el monte. Lanusse cuenta que últimamente se hicieron en la zona frente al conflicto. Esos encuentros se realizan con tres objetivo principales: ayudar a los productores afectados por el mega proyecto portuario para que puedan seguir trabajando; aprender sobre el humedal y sobre la historia de la ciudad, “una historia arrumbada por intereses económicos y políticos”, y generar resistencia al paso de la maquinaria “con las armas mas honestas: nuestras manos”.

Marcos Marini dice que frente a todo esto “el puerto es como que se caga de risa, pero podría haber sido peor”. Por lo menos en la isla Paulino, sostiene el productor, “plantamos bandera”. Y enumera actividades: las asambleas, el museo isleño, un galpón comunitario junto a un arquitecto, la fiesta del isleño. “Hace tres años desde el Puerto no podían saber que también estaba el que vive en el medio del monte, o el que está laburando”. Ahora los isleños se están haciendo visibles.


Los que dicen a favor


Este tipo de obras siguen siendo presentadas como proyectos que representan el progreso y traerán el avance económico y el desarrollo a una determinada región, sin importar sus consecuencias ambientales y sociales. En el portal de noticias del Puerto La Plata, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli define con claridad a qué llama progreso. Afirma que “representa la obra portuaria más importante del país”, y que para su realización la Provincia “generó las condiciones para atraer inversiones privadas”; sostiene también que “para tener inversión hay que mejorar la logística, el transporte, articular con la educación y con la matriz energética, y este es el tramo de desarrollo que estamos llevando adelante”.

El intendente de Berisso, Enrique Slezack, sostiene en la página oficial de la comuna que “Para Berisso (el Puerto La Plata) significa volver a la historia portuaria de los inmigrantes. Esto generará trabajo y crecimiento no sólo para Berisso, sino también para la región”. Considera además que es importante que los vecinos tomen conciencia de que Berisso “dejó de ser una ciudad dormitorio para transformarse en un distrito con muchas expectativas de crecimiento y desarrollo de cara a los próximos años”.

El titular del OPDS, Hugo Bilbao, en declaraciones a La Nación, niega que el ecosistema del pulmón verde de la costa sufra consecuencias graves. "Nuestros expertos fiscalizan de manera regular a pedido del gobernador y el impacto de las obras se está dando dentro de los parámetros normales", afirma.

En una nota publicada el 13 de julio pasado en infocielo.com, Bilbao asegura que considera “estratégica” la obra del puerto: “Va a refundar a la región junto a otras obras, como la terminación de la Ruta 6 y la futura ampliación y remodelación del Aeropuerto de La Plata, lo que va a jerarquizar a la capital bonaerense”. Bilbao sostiene que se prioriza brindar un nuevo puerto a disposición del país. “Estamos haciendo un seguimiento constante de la obra en términos de conservación del medio ambiente –sostiene el funcionario- Nuestra función es mitigar aquellas cuestiones sobre las cuales actúa la mano del hombre y compensarlas”. Bilbao asegura poder “dar fe” que tanto la empresa como el Consorcio del Puerto toman los recaudos suficientes para que la obra cumpla en su totalidad “con la legislación y los parámetros amigables con el medio ambiente”.

Sin embargo, el gerente general del Consorcio de Gestión del Puerto, Rodolfo Rocca, reconoce: "Es cierto que cambiamos el lugar y deja de ser un humedal. Pasa a ser una zona no inundable". En declaraciones a La Nación afirma que para contrarrestar el impacto, se previeron actividades de “compensación y remediación”. Pero no especifica cuáles. Rocca también detalla que sólo el 25% de la tierra removida se deposita en las tierras adyacentes al canal, en recintos autorizados por el OPDS. "Son barros vírgenes, históricos, que comprobamos que no tienen contaminantes", dice.

Durante la presentación de la teleconferencia en la que se anunciaron las obras de la autopista Buenos Aires-La Plata el 17 de julio pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había afirmado: “todo esto va a permitir que la ciudad de La Plata vuelva a ser lo que alguna vez fue: un polo de desarrollo industrial y petroquímico”.


“La Justicia es mas lenta que las máquinas”


Con la obra ya empezada las ONG participaron (bajo la figura de Amicus Curiae) de un recurso de amparo presentado ante la Justicia por la Fundación Agronegocios, que depende de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UBA. A partir de esta acción legal se originó una causa que está a cargo de la jueza Gladys Mabel Cardoni, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de La Plata.
Remoción de residuos con hidrocarburos en el canal Este.
El 15 de marzo de este año, una comitiva integrada por miembros del OPDS,  la Defensoría del Pueblo de la Provincia, del Puerto La Plata, del Consorcio del Puerto, de Organizaciones No Gubernamentales de la región que forman parte de la Asamblea de Defensa del Monte y quinteros, recorrieron por más de dos horas la Isla Paulino con la titular del Juzgado.

Una semana antes, el Juzgado había citado a una audiencia de partes a la empresa responsable de los trabajos, a las autoridades portuarias, al defensor del pueblo y a representantes de las ONG`s Nuevo Ambiente, Biosfera y la Fundación Agronegocios y Alimentos de la UBA, conjuntamente con los quinteros de la isla, a fin de abordar la problemática. “Lamentablemente,  estos procesos son mucho más lentos que el avance de las máquinas que degradan el medio ambiente”, se queja Marcelo Martínez.

Ugo Adam, de la Asamblea Salvemos al Monte, sostiene que aunque la Justicia llamó a las partes, no puede haber conciliación en estas condiciones. “La meta es la destrucción del monte de Berisso, a cambio de un mega emprendimiento de mas de 2.500 millones de pesos, para que en el lugar del humedal existente haya playas de contenedores. O sea que la conciliación no es posible”.  Sin embargo, aventura que “si se detiene en esta etapa la construcción de esta obra faraónica” se podría llegar a un acuerdo. Pero el daño, sostiene Adam, está hecho: “sería importante que el fiscal de estado y los organismos de control enjuicien a todos los que destruyeron el paisaje protegido por ley”, sostiene.

"Hasta ahora todas las presentaciones medioambientales fueron paradas por la Justicia. El dragado está prácticamente listo. Y el área de maniobra ya está en los 450 metros, con el corte en las islas Paulino y Santiago, pero la jueza nos pidió mantener abierta una instancia de diálogo", destaca el director general de TecPlata Eduardo Zabalza.


Contra un monstruo importante


“Yo, si pienso en dos años o tres años atrás, como venía la mano creo que esta parte (la zona de la isla Paulino cercana al canal y al embarcadero) la iban a hacer desaparecer. Que esto lo iba a apropiar Puerto por un pedido de Nación para seguir metiendo actividades”, dice Marcos Marini.

En Argentina y en Latinoamérica en general, están surgiendo organizaciones formadas por los pobladores, que buscan frenar el avance de las empresas multinacionales sobre los recursos naturales. Como en la isla Paulino, en nuestro país, hay numerosas asambleas que piensan nuevas formas de relación con el ambiente, defienden la vida y descreen de estos modos de desarrollo.

A modo de ejemplo, lo que afirma Emilio Spataro, integrante de la organización local Guardianes del Iberá en una nota publicada por la Unión de Asambleas Ciudadanas, con respecto a la convocatoria lograda por el último encuentro de la UAC en junio pasado: “Creo que estamos arriba de los setenta colectivos, lo cual es muy auspicioso, demuestra que pese a todas las dificultades nos seguimos encontrando y encontrarnos sigue siendo un triunfo”. La convocatoria, dice Spataro, superó las expectativas, con una representación que se extendió desde la Patagonia hasta Salta.

Si los gobiernos y la justicia actúan a favor de los intereses de la economía y de las multinacionales, se abre una brecha para la acción de la gente. Dice Maximiliano Lanusse, y habla por la Asamblea, por todas las asambleas, por todos los que reniegan del “progreso” que perjudica el medio ambiente: “La esperanza no se pierde. El tema es que estamos enfrentándonos con un aparato importantísimo: hay intereses multinacionales; hay intereses provinciales, municipales, nacionales; intereses económicos importantes, de mucha plata. Y tenemos no sólo eso en contra, sino también el desinterés y la desinformación de la gente. Los recursos que podemos llegar a tener son pocos, en comparación con los que ellos tienen. Estamos peleando contra un monstruo importante, grueso”. Los ciudadanos organizados en asambleas están usando todas las herramientas a su alcance para frenarlo.

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